Diputados exigen al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
Legisladores de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución que reclama el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar contra el Ejecutivo.
A una semana de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar parte de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, diputados y diputadas nacionales presentaron un proyecto de resolución para exigir el cumplimiento inmediato de la norma.
La iniciativa, que ya ingresó en la Cámara de Diputados, reclama que el Ejecutivo ponga en vigencia los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores recordaron que la Ley 27.795 se sancionó en el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente se ratificó con mayoría de dos tercios tras el veto presidencial. Sin embargo, señalaron que el Gobierno condicionó la aplicación de esos artículos, lo que derivó en una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Por el cumplimiento de la Ley
La presentación destaca que tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11 como la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones hicieron lugar al planteo y ordenaron cautelarmente al Estado cumplir con la ley. Esa decisión quedó firme el pasado 25 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, los autores del proyecto sostuvieron que el fallo del máximo tribunal "despeja toda controversia jurídica sobre la obligación del Poder Ejecutivo de ejecutar la ley" y, por ese motivo, solicitaron que el pleno de la Cámara de Diputados exija formalmente el cumplimiento de la norma y de las resoluciones judiciales vigentes.
El proyecto lleva las firmas de Blanca Osuna, Germán Martínez, Esteban Paulón, Mariela Coletta, Mónica Frade, Paula Penacca, Hugo Yasky, Ana María Ianni, Marina Salzmann, Roxana Monzón, Nancy Sand, Luana Volnovich, Sergio Dolce, Juan Carlos Molina, Marcelo Mango, Lucía Cámpora y Fernanda Díaz.
