DNU 70, endeudamiento y discapacidad: quiénes son los diputados que no dieron quórum 

Este jueves, mientras miles de personas se movilizaban frente al Congreso de la Nación en defensa de la universidad pública, el oficialismo consiguió un triunfo legislativo al frustrar la sesión especial impulsada por la oposición. La convocatoria buscaba debatir el rechazo al DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y distintas iniciativas vinculadas al endeudamiento de las familias. Sin embargo, pasadas las 14.30, el tablero marcó la presencia de 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. En ese escenario, las ausencias de una decena de legisladores vinculados a gobernadores provinciales resultaron determinantes.

Entre los diputados que no dieron quórum estuvieron Gladys Medina, Elia Marina Fernández y Javier Noguera, de Tucumán, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, Yolanda Vega, de Salta, cercana al mandatario Gustavo Sáenz, Gisela Scaglia y José Núñez, de Santa Fe, vinculados a Maximiliano Pullaro, y Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, de Jujuy, referentes del gobernador Carlos Sadir. También, se ausentó la cordobesa Alejandra Torres, cercana a Martín Llaryora, y el misionero Daniel Vancsik.

El caso de Zigarán fue uno de los más llamativos: había firmado la convocatoria a la sesión especial, pero finalmente no se presentó en el recinto. Las ausencias se sumaron a las que se daban por descontadas, como las de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y terminaron inclinando la balanza a favor del Gobierno nacional.

El DNU 70/23, en el centro de la disputa

Uno de los principales temas que la oposición buscaba debatir era el rechazo al DNU 70/2023, el megadecreto de desregulación económica firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión. La norma derogó o modificó decenas de leyes y regulaciones, entre ellas la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas, además de introducir cambios en el régimen de tierras rurales.

En ese último punto, el decreto derogó la Ley 26.737, que establecía un límite del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras rurales. El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, por lo que un rechazo de Diputados habría completado el proceso legislativo para dejarlo sin efecto.

La convocatoria opositora, de hecho, se produjo luego de que la Corte Suprema dejara vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales al revocar un fallo de la Cámara Federal de La Plata. La decisión se tomó en una causa promovida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había cuestionado el artículo 154 del decreto. El máximo tribunal consideró que la organización no tenía legitimación para promover una acción colectiva. Es decir, el fallo no declaró constitucional el artículo 154 del DNU, sino que resolvió que el CECIM no podía impulsar esa demanda en esos términos.

Endeudamiento familiar: sin acuerdo entre los bloques

Otro de los asuntos previstos era el endeudamiento de las familias, una problemática que llegó al recinto sin un dictamen unificado. Tras el debate en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, las distintas fuerzas presentaron tres dictámenes para abordar la situación. La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría con una propuesta centrada en mejorar la transparencia de la información, brindar herramientas de protección frente a fraudes digitales y permitir que los usuarios cambien de proveedor mediante la portabilidad del crédito. Sin embargo, la iniciativa oficialista no contempla medidas como planes de rescate, refinanciaciones obligatorias, quitas de deuda o límites a las tasas de interés que cobran bancos y plataformas financieras. Esos puntos forman parte de las diferencias entre las propuestas que buscaban debatirse en la Cámara.

Discapacidad: dos propuestas en disputa

La tercera cuestión era la emergencia nacional en discapacidad. En ese caso, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para su proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente. Para acercar posiciones con bloques aliados, el Gobierno debió revisar parte de los recortes que había previsto originalmente en el Presupuesto. La oposición, por su parte, impulsa una iniciativa para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027.