Explosión de gas en Remedios de Escalada: preocupación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires

La institución expresó su solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los heridos, vecinos y comerciantes. En un comunicado oficial, recordó que había advertido sobre falencias en los controles de seguridad.

Tras la trágica explosión registrada el viernes en el partido de Lanús, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó en un comunicado su solidaridad “con la familia y los seres queridos de la persona fallecida, con los heridos y sus familias, con los vecinos y comerciantes de Remedios de Escalada”.

Asimismo, el CIPBA resalta la labor de los bomberos, del personal de Defensa Civil, de los equipos de salud y de todos quienes intervinieron en la emergencia ocurrida en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, arriesgando su propia integridad.

Según la información pública disponible, el siniestro se habría originado en la rotura de una cañería de distribución de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red que se ejecutaban en la vía pública. Corresponde a la Justicia determinar las causas y las responsabilidades del caso, y el CIPBA pone a disposición de las autoridades judiciales y administrativas la colaboración técnica de sus matriculados que pudiera resultar necesaria.

Sin perjuicio de ello, el CIPBA “no puede dejar de manifestar su preocupación institucional por una grave situación que excede este hecho puntual, ya que es notorio el descuido de la seguridad de las personas y sus bienes que muestran diariamente tanto las empresas prestatarias de servicios como sus contratistas y por sobre todo el Estado, en todos sus niveles de gobierno -municipal, provincial y nacional- en su rol de ente rector con poder de policía como autoridad de aplicación y control de las obras con aperturas en la vía pública, donde por la formación universitaria recibida solo deben intervenir Ingenieros con perfil y alcance de título suficiente para estas tareas”.

El rol de Metrogas

El documento sostiene que “Metrogas, como empresa prestataria del servicio de gas, se limita a requerir el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir la presentación del contrato de la tarea profesional visado por el Colegio, lo que no le permite al CIPBA verificar que el profesional tenga incumbencia y aptitud para la tarea concreta que se le encomienda, que se encuentre efectivamente habilitado para ejercer -con su matrícula al día, sin inhabilitaciones ni sanciones vigentes-, ni que realmente haya asumido la responsabilidad técnica de esa obra en particular”.

En ese sentido, la institución agregó que el contrato visado y los aportes son los instrumentos que la ley prevé para acreditar todo ello obra por obra. “En lo relativo a la inspección de la obra queda claro también que por esta parte NO HABÍA UN INGENIERO MATRICULADO EN NUESTRA PROVINCIA ACTUANDO”, subraya el comunicado.

“EXGADET, como empresa contratista, fue intimada por el CIPBA mediante CD de fecha 03/12/2025, contestando la misma que había registrado la tarea en otro colegio profesional, es decir que la empresa declaró que NO HABÍA UN INGENIERO MATRICULADO EN NUESTRA PROVINCIA ACTUANDO. La Municipalidad de Lanús, en su ordenanza 12827 que regula este tipo de obras, solo exige la matriculación, no los contratos, siendo funcional a la conducta empresaria ya descripta”, destaca el comunicado.

Situación en la Provincia y la Nación

En el ámbito bonaerense, “esta falta de exigencia de efectivo cumplimiento de las leyes provinciales que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y la matriculación (Ley N.º 10.416) y el régimen de aportes previsionales de los profesionales de la ingeniería (Ley N.º 12.490) alcanza al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que como órgano de contralor debería verificar que los municipios exijan el cumplimiento de las leyes de ejercicio profesional junto con los aportes en las obras y permisos de trabajos que autorizan u obras que contratan”.

Para la institución, “esta conducta permite evasiones que pueden generar daños económicos al erario municipal, además de afectar los recursos del sistema previsional de los profesionales de la ingeniería. En el ámbito nacional, preocupa que el Estado mantenga sin aprobar por presiones corporativas de otras profesiones sin formación para estas tareas el proyecto de norma NAG-225 ´Sistema integral de matriculación para instaladores de gas´, que fuera puesto en consulta pública por Resolución ENARGAS N.º 247/2019, este documento que define claramente y de acuerdo con la formación educativa recibida por cada profesión las incumbencias de ingenieros, arquitectos y técnicos en las instalaciones de gas”.

Regulación y control

Siete años después, “el ente regulador nacional aún lo mantiene en proceso”. “La falta de definición de esa norma atraviesa los períodos de gobierno y deja sin un marco claro la responsabilidad profesional sobre trabajos que, como lo demuestra este hecho, comprometen directamente la seguridad pública. Las obras sobre redes de servicios públicos que se realizan en la vía pública, y en especial las vinculadas a redes de gas y energía eléctrica, son trabajos de ingeniería que entrañan riesgos ciertos para la seguridad de las personas y de los bienes. Por esa razón deben contar con un profesional Ingeniero matriculado que asuma la representación técnica, con el correspondiente contrato visado ante el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) y con los aportes ingresados a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (CAAITBA)”, agregan.

Además, el CIPBA) afirma que “estas exigencias no constituyen un mero trámite administrativo, sino que garantizan que exista un responsable técnico identificable, con incumbencia profesional para la tarea y sujeto al control ético y disciplinario del Colegio, que planifique los trabajos, verifique las interferencias con otras instalaciones y asegure la aplicación de los protocolos de seguridad y de actuación ante emergencias”.

Finalmente, el documento ratifica que, cuando las autoridades que otorgan los permisos y controlan las obras no cumplen con su obligación, “se debilita un eslabón esencial de la cadena de control que la legislación provincial estableció para proteger a la comunidad”. “De haber sido atendidas nuestras advertencias, la comunidad de Remedios de Escalada no estaría atravesando este difícil momento”, concluyó.