Las universidades nacionales paran este miércoles por la Ley de Financiamiento Universitario

En vez de cumplir con la norma tal como dispuso el Poder Judicial, el Gobierno ofreció apenas un tres por ciento de aumento salarial y los gremios de docentes y nodocentes rechazaron la propuesta. Los trabajadores de la UNLaM adhieren a la medida.

Este miércoles, en el marco del conflicto que la comunidad universitaria mantiene con el Gobierno por la recomposición salarial docente y nodocente y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, las universidades nacionales vuelven a parar. La medida fue convocada por el Frente Sindical Universitario que incluye a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entre otros gremios, luego de una nueva reunión paritaria en la que los sindicatos rechazaron la propuesta oficial por considerarla insuficiente.

En el encuentro paritario de este martes, realizado en el Palacio Pizzurno, “la propuesta oficial se limitó a un tres por ciento para septiembre”, sin contemplar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2023. Cabe mencionar que, según plantearon los gremios, los salarios de docentes y nodocentes todavía necesitan una recomposición cercana al 30 por ciento para recuperar lo perdido desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei.

Por este motivo, los sindicatos rechazaron la oferta y convocaron al paro nacional de 24 horas. “El Gobierno volvió a desconocer la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que obliga a recomponer nuestros salarios”, señaló la FEDUN, que reclamó el “cumplimiento inmediato” de la normativa. La medida se suma al paro de 48 horas realizado el jueves 27 y viernes 28 de agosto, que tuvo un fuerte nivel de acatamiento en las universidades de todo el país, y tiene la adhesión de los trabajadores docentes y nodocentes de la UNLaM.

Nueva resolución judicial

El conflicto, además, continúa por la vía judicial. En una resolución reciente, el juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Ejecutivo para levantar la medida cautelar y dispuso que continúe su ejecución. En ese marco, ordenó al Gobierno que, en el plazo de tres días, informe con respaldo documental sobre los avances alcanzados y el grado de cumplimiento de las medidas ordenadas. El magistrado resolvió “denegar el levantamiento de la medida cautelar dictada a favor de las accionantes” y requerir al Gobierno que detalle “el grado de cumplimiento a la fecha de la cautelar en su conjunto”.

"Atendiendo al escenario descripto por los accionantes y la persistencia de la problemática, mal puede considerarse superado el peligro en la demora, por lo que corresponde desestimar lo peticionado atento no existir razones que avalen -en este estado de situación- el levantamiento de la medida otorgada", expone el documento judicial.