Financiamiento Universitario: la Justicia ordenó al Gobierno cumplir la ley de manera inmediata
La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con la norma que establece los fondos necesarios para el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Al hacer lugar a un recurso de amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente Javier Milei había promulgado "en suspenso".
Así, al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, una resolución judicial pone límites al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en su empeño por intentar desconocer las reiteradas votaciones del Legislativo en relación a la crítica situación del sistema universitario.
El juez Cormick consideró que la solución adoptada por el Poder Ejecutivo al dictar el decreto 759/2025 “parece, al menos en este estado larval del proceso, reñida con el principio de división de poderes”. Concedida bajo caución juratoria, la cautelar regirá hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Aprobada y promulgada, pero suspendida
El pasado 20 de octubre, mediante el decreto 759/2025, el Presidente decidió promulgar pero suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), luego de aprobarse en el Congreso y ratificarse tras el rechazo del veto.
El 2 de octubre, día que se selló la caída del veto, el Senado había conseguido una mayoría superior a los dos tercios. Luego, el plenario de secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) expresó su “profunda preocupación por un presidente que se niega a cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras”.
A su vez, la Federación anticipó que exigiría a legisladores y legisladoras que, durante el debate del Presupuesto 2026, se contemplen los fondos necesarios para garantizar la vigencia de la norma.
