Diputados: avanza el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y se esperan audiencias públicas

Durante el segundo período de sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno nacional intentó sancionar de manera definitiva el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Aunque no logró completar el trámite legislativo, sí consiguió un avance: la media sanción en el Senado. Finalizado el período extraordinario y lejos del tratamiento exprés que se había planteado inicialmente, la iniciativa inaugura ahora una etapa marcada por una amplia participación ciudadana.

Según trascendió, el 25 y 26 de marzo, en los plenarios de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se realizarán audiencias públicas. La primera jornada será presencial y la segunda virtual, en ambos casos entre las 10 y las 19 horas.

Audiencias

De acuerdo con datos difundidos tanto por el oficialismo como por bloques opositores, ya son más de 18.000 personas y organizaciones las que se inscribieron para participar del ámbito deliberativo. Así, ante el volumen de inscriptos, legisladores de distintos espacios solicitaron a las autoridades de las comisiones ampliar la cantidad de jornadas previstas.

“Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo”, señala el pedido elevado por las y los diputados.

Las audiencias públicas están reglamentadas por el Decreto 1172/2003 y constituyen una instancia formal de participación en la toma de decisiones. A través de este mecanismo, la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que ciudadanos, organizaciones o sectores que puedan verse afectados, o que tengan un interés particular o general, expresen su opinión sobre una iniciativa en debate.

Qué pretende el proyecto

Como ya comentó este medio, la propuesta impulsada por el Gobierno busca flexibilizar las restricciones para el desarrollo de actividades económicas en zonas glaciales y periglaciales.

Actualmente, el artículo 6 de la norma sancionada en 2010 establece una serie de prohibiciones estrictas sobre los glaciares y su entorno. Entre ellas, se prohíbe la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de infraestructura (salvo aquellas destinadas a la investigación científica o a la prevención de riesgos) y, de manera explícita, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. También, se impide la instalación de industrias o el desarrollo de actividades industriales que puedan alterar o dañar estos ecosistemas.

Lo cierto es que, si bien el proyecto de reforma no toca esas prohibiciones, las acota únicamente a los cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas. En ese esquema, las actividades productivas dejarían de estar automáticamente prohibidas y pasarían a evaluarse caso por caso. De ese modo, cada provincia determinaría qué glaciares quedan bajo protección y en cuáles podrían habilitarse actividades extractivas.