Revés para Milei: la Corte Suprema restituyó los controles estatales en las cuotas de las prepagas
“En los considerandos del decreto en cuestión, no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la Ley N° 26.682”, sostuvo el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, a través de los que el Gobierno de Javier Milei había eliminado el control del Estado en los valores de las cuotas de la medicina prepaga. Con el decreto, desde la medicina prepaga se habían aplicado aumentos desconsiderados a los afiliados.
Para el tribunal, el Gobierno nacional no acreditó las circunstancias excepcionales necesarias para legislar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. La decisión se tomó en un amparo de una afiliada contra Swiss Medical S.A., que cuestionó la cantidad y el porcentaje de los incrementos aplicados con la entrada en vigencia del DNU.
En su presentación, la afiliada explicó que, entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, la cuota aumentó un 110 por ciento, pasando de 136.161,21 a 301.218,02 pesos. Pero, si se hubiera mantenido el esquema anterior, la suba en enero del 2024 habría sido de 6,26 por ciento. Por eso, reclamó que los ajustes en las cuotas de Swiss Medical quedaran sin efecto.
El amparo fue rechazado en primera instancia, pero, luego, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esta decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos mencionados y ordenó que los aumentos se limitaran al Índice de Precios al Consumidor que informó el INDEC. Así, las empresas no pueden decidir libremente el valor de las cuotas.
El esquema anterior a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 establecía que los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga debían tener relación con las variaciones de la estructura de costos y en un cálculo razonable de riesgos, y siempre bajo la autorización del Estado. Para la Corte, este cambio no se puede aplicar, sin acreditar previamente condiciones excepcionales.
Por eso, dispuso que la autoridad de aplicación reasuma las funciones de control previstas en la Ley de Medicina Prepaga y que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento según estos criterios. Así, advirtió que no se pueden desnaturalizar “los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho”.
Argumento “insuficiente”
En el fallo, la Corte Suprema recordó que el Poder Ejecutivo solo puede usar los DNU bajo “rigurosa excepcionalidad” y cuando está impedido el tratamiento legislativo. “En los considerandos del decreto en cuestión, no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la Ley N° 26.682”, sostuvo.
Además, hizo hincapié en que tampoco se justificó la decisión para eliminar el control estatal: “Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”.
