El Gobierno le dio dos semanas al Reino Unido para frenar la explotación en Malvinas

En el marco de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, el Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que, “en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de actividades de explotación de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina”. En caso de incumplimiento, anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar “las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre la Plataforma Continental”.

Fue a través de un comunicado oficial que la Oficina del Presidente informó que “Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. El objetivo es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto denominado “Sea Lion”, así como el otorgamiento de nuevos permisos de explotación.

Contrario al derecho internacional

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que “la explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”.

El comunicado recordó además que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2065 (XX), reconoció “la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” y llamó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. A su vez, citaron la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que instó a ambos países a “abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General”.

Ante la ONU

Por otra parte, el Gobierno manifestó “su rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido” frente a las declaraciones realizadas por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese sentido, sostuvo que la denominación de las Islas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum celebrado en 2013 “no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas”.

Cabe mencionar que, tras el discurso de Milei ante la ONU, el Reino Unido rechazó tajantemente abrir nuevas negociaciones sobre la soberanía de las Islas. En cuanto al referéndum de 2013, se trató de una votación en la que el 99,8 por ciento de los isleños eligió continuar como Territorio de Ultramar británico. Sin embargo, la postura histórica de la Argentina, respaldada por distintas resoluciones de las Naciones Unidas, sostiene que el principio de autodeterminación no puede aplicarse a una población que fue instalada.

De esa manera, la Oficina del Presidente cerró el documento asegurando que “la República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional”.