Encarcelamiento en Argentina: la población penitenciaria ascendió a 121 mil personas

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó su informe anual sobre el encarcelamiento en Argentina y señala que, a lo largo de los últimos 25 años, el encierro penitenciario no ha dejado de crecer: a fines de 2024, la población penitenciaria ascendió a 121.443 internos, una tasa de encarcelamiento de 258 detenidos por cada 100.000 habitantes.

Estos datos surgen del trabajo de producción, sistematización e integración de información estadística realizado en el marco del Registro Nacional de Lugares de Encierro, Población alojada y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

De acuerdo a lo precisado en el documento al que tuvo acceso El1, al comparar la estadística sobre encierro con la evolución poblacional de los últimos años, se observó que la persecución penal creció mucho más que la cantidad de habitantes.

La información pública del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da cuenta de que a lo largo de la última década la población argentina viene creciendo en un promedio del 1 por ciento anual. Para el mismo período, las cifras de encarcelamiento aumentaron una media anual en torno del 6 por ciento.

Al igual que la tendencia de los últimos años, a fines de 2024 se identificaron las mismas seis jurisdicciones que superan las tres mil personas privadas de su libertad bajo la órbita penitenciaria: Buenos Aires, Córdoba, el SPF, Santa Fe, Mendoza y Salta. La cantidad de población penitenciaria del país reportada en 2024 registró un crecimiento del 7,1 % en relación con el año previo.

Sobrepoblación en las cárceles

Otro de los puntos centrales que abordó el relevamiento fue la sobrepoblación, es decir, el alojamiento de personas por encima de la capacidad declarada de los establecimientos. "Aunque en 2024 el nivel de ocupación descendió ligeramente respecto a 2023 —debido a la inauguración y/o la ampliación de nuevos centros penitenciarios en algunas jurisdicciones—, la población carcelaria continúa en una curva ascendente", indicaron.

De acuerdo con los datos oficiales reportados por los servicios penitenciarios y los cálculos alternativos realizados por los mecanismos locales de Buenos Aires, Salta y Jujuy, el nivel de ocupación se sitúa en un 130,2 %, lo que implica un 30,2 % de sobrepoblación a nivel nacional dentro del ámbito penitenciario y que, en promedio, cada 100 plazas se alojan 130 personas.

¿Por qué hay sobrepoblación?

El informe del CNPT explica que "el problema del aumento constante del encierro penal y su impacto en la sobrepoblación se produce desde hace ya varias décadas a causa de la combinación de múltiples factores. Entre ellos se encuentran el incremento de la severidad en materia de legislación penal".

En este marco, se puntualizó: "el uso excesivo de la prisión preventiva; la práctica judicial reticente a emplear las medidas alternativas a la prisión y a conceder los cada vez más limitados institutos progresivos y liberatorios previstos por la ley; el aumento de las personas privadas de libertad condenadas a penas cortas; la ausencia de mecanismos judiciales y ejecutivos destinados al control de la sobrepoblación".

¿Cuál es la situación procesal de los presos?

Respecto a la situación judicial de quienes permanecieron tras las rejas, el 62 por ciento de la población contaba con una condena firme en 2024, mientras que el 37,3 se encontraba en calidad de procesado, es decir, bajo prisión preventiva a la espera de una sentencia.

"Si bien la proporción de condenados aumentó, el uso de la detención previa al juicio siguió siendo elevado en términos absolutos, sumando más de 45.305 casos en 2024. Neuquén se destacó por tener casi la totalidad de sus internos con sentencia (99,6 por ciento), a diferencia de Córdoba (50,7) y Formosa (48,2), donde cerca de la mitad de los reclusos no tenían condena firme", precisaron desde la CNPT.

Del análisis de la situación procesal por género, se observan algunas diferencias significativas. "En las mujeres, el porcentaje de procesadas a nivel nacional asciende a 48,6 por ciento, doce puntos porcentuales más que los varones (36, 8%). Por su parte, el 42,9 por ciento de las personas trans/no binarias se encuentran procesadas: mientras que seis de cada diez hombres se encuentra condenados, solo la mitad de las mujeres tienen sentencias.

Tipos de delitos

El análisis de los tipos de delitos reveló que la mayoría de los encarcelamientos, un 36,4 por ciento, respondió a ilícitos contra la propiedad, como robos o hurtos. En segundo lugar, aparecieron los hechos contra las personas, con un 21,7, seguidos muy de cerca por aquellos contra la integridad sexual, que representaron el 20,5.

Hay diferencias notables según el género: mientras que en los varones predominaron las causas por delitos contra la propiedad, entre las mujeres y la población trans la principal razón de detención se vinculó a las drogas: el 36,3 por ciento de las mujeres y el 34 por ciento de las personas trans se encuentra privada de la libertad por delitos vinculados a estupefacientes. En los varones, esta categoría desciende a 10,5 %.

Ascenso de presidiarios con penas cortas

Un eje de especial interés, observado de manera regular por el CNPT, es el monto de las condenas impuestas a la población condenada, con un enfoque particular en las sentencias de hasta tres años: el 17 por ciento de los condenados en el país recibió sentencias de hasta tres años de prisión.

Este porcentaje se incrementó respecto a 2022, cuando representaba el 13,5%. Se trata de delitos que, por su menor gravedad, la legislación permite en ciertos casos que sean de ejecución condicional, pero que en la práctica terminaron engrosando el sistema carcelario.

En general, se trata de delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple, estafa y defraudación, daños, lesiones, encubrimiento e infracciones a la ley de drogas, entre otros.

Características sociodemográficas de la población carcelaria

En cuanto al perfil sociodemográfico, los varones constituyeron el 95,4 por ciento del total, frente a un 4,4% de mujeres y un 0,2% de personas trans o no binarias.

"Esta categoría presenta sesgos importantes debido a distintas situaciones. La primera se relaciona con el subregistro de este colectivo en los listados oficiales debido a que algunos servicios penitenciarios clasifican el género en función del sexo, y su modificación depende de que se haya tramitado el cambio en el DNI. Otro de los límites del registro está dado por el hecho de que la mayoría de las jurisdicciones solo incluyen a las mujeres trans, invisibilizando a las otras identidades de género", explicaron en el informe.

La edad promedio evidenció una población mayoritariamente joven: casi siete de cada diez internos tenían entre 21 y 39 años. Por otra parte, los extranjeros representaron el 4,5 por ciento de los detenidos, una cifra proporcional al porcentaje de inmigrantes que residen en el país según el último censo, siendo la comunidad paraguaya la más numerosa dentro de este grupo.

El dato indica que, en general, la persecución penal no se enfocaría con mayor intensidad sobre las poblaciones extranjeras o migrantes, lo que —inclusive considerando la noción de selectividad penal— permite discutir con el prejuicio que asocia migración o extranjería y criminalidad.

Personas presas con medidas de seguridad por motivos de salud mental

Para finalizar, en el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura señalaron que, en la Argentina, persiste el alojamiento en establecimientos penitenciarios de personas a quienes se les ha dictado una medida de seguridad curativa por motivos de salud mental, regulada en el art. 34 del Código Penal.

"Este Código ha tenido múltiples modificaciones desde su sanción en 1921, sin embargo, la regulación de la aplicación de las medidas de seguridad no fue revisada. El alojamiento de este grupo de personas en establecimientos penitenciarios puede producir numerosas vulneraciones de derechos", detallaron.

En esta línea, advirtieron: "Las prisiones funcionan con una tensión permanente entre los aspectos tratamentales y securitarios, por lo general priorizando los segundos. De esta manera, los abordajes en materia de salud mental son deficitarios, cuando no inexistentes, lo que obstaculiza los tratamientos interdisciplinarios e integrales, así como otras previsiones en materia de acceso a derechos básicos establecidas en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y los estándares internacionales".

A modo de cierre, el informe mencionó la presencia de 256 individuos alojados bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental, lo que constituyó el 0,2% del total. La mayoría de estos casos se concentraron en Buenos Aires, Misiones y Salta. En lo que respecta a la distribución por género, el 10,9 por ciento de las personas privadas de libertad en el ámbito penitenciario por la aplicación de medidas de seguridad curativas eran mujeres (28).